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Wolters Kluwer pica ComplyLaw, la utensilio definitiva para identificar y administrar los riesgos penales

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Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Dirección Militar de Empleo, por la que se registra y publica la revisión y tablas salariales para el 2017 del Convenio colectivo normal de trabajo para la industria textil y de la confección

Disposición: 20-02-2017 | BOE núm 63 de 15-03-2017 | Vivo desde 01-01-2017 | Cód. Convenio: 99004975011981-9904975 | Válido

Disposición: 20-02-2017 | Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Dirección Universal de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales definitivas del año 2016 y provisionales del año 2017 del Convenio colectivo estatal para las empresas de gestión y mediación inmobiliaria

Disposición: 24-02-2017 | BOE núm 58 de 09-03-2017 | Válido desde 01-01-2016 | Cód. Convenio: 99014585012004-9914585 | Actual

Disposición: 24-02-2017 | Resolución de 22 de febrero de 2017, de la Dirección Común de Empleo, por la que se registra y publica el V Convenio colectivo genérico de ámbito estatal para el sector del estacionamiento regulado en superficie y retirada y depósito de vehículos de la vía pública

Disposición: 22-02-2017 | BOE núm 56 de 07-03-2017 | Actual desde 01-01-2013 | Cód. Convenio: 99012845012001-9912845 | Vivo

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  • Expandir / Contraer нndice sistemбtico
  • INTRODUCCION
    • 1.Informes
    • 2.Conceptos previos. Rйgimen jurнdico aplicable a la contrataciуn irregular

Norma afectada por 10/8/2016

Instrucciуn Hacienda y Administraciones Pъblicas 3/2016, de 20 Jul. CA Illes Balears (suspensiуn provisional de la aplicaciуn del apartado 5 b in fine de la Instrucciуn 2/2012)

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Vйase Instrucciуn [BALEARES] 3/2016, 20 julio, del interventor genérico de la Comunidad Autуnoma y del director de la Abogacнa de la Comunidad autуnoma por la que se suspende provisionalmente la aplicaciуn del apartado 5 b in fine de la Instrucciуn 2/2012 («B.O.I.B.» 21 julio).

Con cierta frecuencia se observa que llegan al Consejo de Gobierno propuestas de acuerdo de inspección extrajudicial de crйdito para evitar el lucro injusto de la Administraciуn en el бmbito contractual. En la mayorнa de los casos se prostitución de una contrataciуn verbal, referida a nuevas prestaciones o proyectos modificados y complementarios sin seguir los procedimientos exigidos por la reglamento de contrataciуn. En otros casos, se ha seguido un procedimiento, aunque totalmente diferente al legalmente establecido. Todos, en definitiva, responden a la situaciуn en que una empresa presenta una realización y la Administraciуn, que acepta la prestaciуn, a pesar de que no existe procedimiento contractual que le sirva de cobertura, rastreo una soluciуn jurнdica y acude al examen extrajudicial de crйdito.

Pese a que el gratitud extrajudicial es una figura extraño que deberнa utilizarse en casos muy concretos para dar soluciуn a aspectos muy puntuales, creemos que se utiliza en demasiados casos como un medio elusivo para el incumplimiento de la legislatura de contrataciуn, como una soluciуn procedimental que todo lo arregla.

La tramitaciуn que se sigue hasta ahora consiste generalmente en que el centro gerente incoa un expediente de registro extrajudicial de crйdito con una memoria explicativa de las circunstancias que concurren en cada supuesto. En la documentaciуn se incluye un crónica jurнdico en relaciуn con la carencia de evitar el beneficio injusto de la Administraciуn y, conexo con las facturas conformadas, la acreditaciуn de existencia de crйdito y un crónica de la Intervenciуn Caudillo que no entra en el fondo del asunto, se eleva una propuesta de acuerdo al Consejo de Gobierno que reconoce extrajudicialmente el crйdito indebidamente contraнdo. Esta tramitaciуn es utilizada igualmente por otras administraciones. (1)

Ahora adecuadamente, si se proxenetismo de un anuencia adjudicado de forma verbal, contraviniendo la prohibiciуn legalmente establecida en el artнculo 28 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pъblico, permitido por Auténtico Decreto Parlamentario 3/2011, de 14 de noviembre (en delante TRLCSP), o sin seguir el procedimiento legalmente establecido para proceder a la contrataciуn, se incurre en causa de inútil de pleno derecho, y si la Administraciуn advierte la presencia de una causa de inepto lo que corresponde es la tramitaciуn del procedimiento de revisiуn de oficio contemplado en el artнculo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rйgimen Jurнdico de las Administraciones Pъblicas y del procedimiento oficial comъn (en delante LRJAP-PAC ), procedimiento en cuyo situación se ha de solicitar el opinión del Consejo Consultivo. (2)

La existencia de una causa de inútil hace que la vнa adecuada sea la tramitaciуn del procedimiento de revisiуn de oficio, con exclusiуn de otras que segъn las circunstancias podrнan servir para fundamentar el plazo de la cantidad reclamada por el contratista a fin de evitar el beneficio injusto de la Administraciуn, como por ejemplo el examen de una indemnizaciуn derivada de la responsabilidad patrimonial de la Administraciуn, con sujeciуn a la norma especнfica contenida en el tнtulo X de la LRJPAC. y la legislatura que la desarrolla. (3)

En atenciуn a la importancia del asunto y al nъmero de casos que se producen en cada deporte presupuestario, se dicta esta Instrucciуn para suministrar unos criterios homogйneos a seguir en la tramitaciуn que conduzca a la declaraciуn de inútil del acto, procedimiento que se considera mбs adecuado dada su inclusiуn original en el бmbito contractual, para asн poder replicar de los gastos derivados de la contrataciуn irregular.

2.Conceptos previos. Rйgimen jurнdico aplicable a la contrataciуn irregular

El carбcter formal de la contrataciуn administrativa se declara en el artнculo 28 del TRLCSP. En este precepto se establece la prohibiciуn de la contrataciуn verbal, excepto que el arreglo tenga carбcter de emergencia, de conformidad con lo dispuesto en el artнculo 113.1. Las contrataciones que se lleven a lugar fuera del entorno justo establecido son nulas y, luego, no pueden ser efectivas ni se pueden abonar al contratista. Las consecuencias de esta actuaciуn se encuentran en las fuentes del derecho burócrata y, principalmente, en el TRLCSP .

El artнculo 31 de la mencionada Ley establece que los contratos de las administraciones pъblicas y los contratos sujetos a regulaciуn armonizada son invбlidos cuando lo sea alguno de sus actos preparatorios o los de adjudicaciуn, por el hecho de que se de alguna de las causas de derecho chupatintas o de derecho civil.

El artнculo 32 del TRLCSP establece que las causas de inútil son las que indica el artнculo 62.1 de la LRJAP-PAC. Ademбs de las previstas en la LRJAPPAC –entre las cuales interesa la referida a prescindir total y absolutamente del procedimiento establecido porque es la causa mбs corriente de la contrataciуn irregular-, el TRLCSP menciona la descuido de capacidad de ejecutar o de solvencia del adjudicatario, como tambiйn la prohibiciуn de contratar y la desatiendo o insuficiencia de crйdito, de conformidad con la norma presupuestaria actual aplicable. Cuando se produce alguna de las causas mencionadas, el vicio no puede subsanarse y, luego, no es posible validar el acto, ni por parte del уrgano de contrataciуn ni por parte del Consejo de Gobierno o cualquier otro уrgano.

El presupuesto de hecho del que parte el artнculo 32 c del TRLCSP para que se produzca la consecuencia jurнdica de inútil plena del entendimiento es la desliz de crйdito adecuado y suficiente en los presupuestos aprobados por el Parlamento, no la equivocación de acreditaciуn.

En los contratos menores no hay ningъn procedimiento para su adjudicaciуn que efectъe de forma directa el уrgano de contrataciуn, de acuerdo con el artнculo 138.3 del TRLCSP. En consecuencia, no se puede entender que se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento establecido cuando se ha ejecutado el entendimiento pequeño sin la aprobaciуn previa del consumición, necesario para estos contratos segъn el artнculo 11 del TRLCSP. Esta partida comporta un vicio de anulabilidad que puede validar el уrgano competente, de acuerdo con el artнculo 67 de la LRJAP -PAC, en el momento de reverberar contablemente el agradecimiento de la obligaciуn y la propuesta de suscripción.

Cuando el vicio del acto se haya originado por la desatiendo de capacidad de ejecutar o de solvencia del adjudicatario, porque tiene prohibido contratar, por la desatiendo o insuficiencia de crйdito adecuado –de conformidad con lo que establece la norma presupuestaria actual aplicableo por alguna de las causas indicadas en el artнculo 62.1 de la LRJAP -PAC (en los contratos, fundamentalmente favor prescindido total y absolutamente del procedimiento establecido), no es posible la validaciуn ni por el уrgano de contrataciуn ni por el Consejo de Gobierno o cualquier otro уrgano.

El procedimiento que se ha de seguir para regularizar la situaciуn creada se establece en el artнculo 34 del TRLCSP. que seсala que la revisiуn de oficio de los actos preparatorios y de los actos de adjudicaciуn de los contratos se tiene que admitir a punta de conformidad con lo que establece el capнtulo I del tнtulo VII de la LRJAP-PAC. En todo caso, la competencia se ha de atribuir a un уrgano cuyas resoluciones agotan la vнa administrativa, que en el бmbito del Estado es el уrgano de contrataciуn.

El artнculo 35 del TRLCSP determina que la declaraciуn de inútil de los actos preparatorios de la adjudicaciуn del entendimiento, cuando sea firme, comporta como consecuencia la nulo, y el pacto entra en grado de liquidaciуn, por lo que se han de restituir las partes recнprocamente y, si no es posible, la parte que resulte culpable ha de indemnizar a la parte contraria por los daсos y perjuicios sufridos.

Estas normas especiales relativas a la materia de contrataciуn remiten al artнculo 62.1, «Causas de inepto», y al artнculo 102, «Revisiуn de disposiciones y actos nulos», de la LRJAP -PAC.

El artнculo 102 establece que las administraciones han de decidir de oficio la nulo de los actos en los supuestos previstos en el artнculo 62.1 de esta Ley, con el opinión previo oportuno del Consejo de Estado u уrgano consultivo equivalente de la Comunidad Autуnoma, si lo hay.

La nulo absoluta de la actuaciуn administrativa tiene como consecuencia la imposibilidad de que se deriven obligaciones contractuales, lo que no exime de la obligaciуn de abonar las prestaciones efectuadas. En virtud del principio común del derecho segъn el cual nadie puede enriquecerse en detrimento de otro, nace una obligaciуn ex lege, y la Administraciуn ha de restituir el ganancia. Por consiguiente, el expediente de beneficio injusto o de agradecimiento extrajudicial de deuda se presenta como un aparato de pago para hacer efectiva la liquidaciуn prevista en el apartado 1 del artнculo 35 del TRLCSP. que trae causa de la resoluciуn de un expediente de revisiуn de oficio y su finalidad es evitar el beneficio injusto de la Administraciуn.

En el бmbito autonуmico, en concreto en la Comunidad Autуnoma de las Illes Balears, la responsabilidad de los altos cargos, de los funcionarios y del personal contratado al servicio de la Comunidad Autуnoma o de sus entidades autуnomas o empresas pъblicas, que, cuando por mala fe o falta, intervengan en acciones u omisiones que causen un perjuicio econуmico a la hacienda de la Comunidad, estб establecida en el artнculo 96 del Texto refundido de la Ley de Finanzas de la Comunidad Autуnoma de las Illes Balears, ratificado por Decreto Legislador 1/2005.

La disposiciуn adicional decimonovena del TRLCSP declara que la infracciуn o aplicaciуn indebida de los preceptos contenidos en la Ley por parte del personal al servicio de las administraciones pъblicas, cuando haya al menos negligencia importante, constituye una error muy formal cuya responsabilidad disciplinaria se ha de exigir de conformidad con la legislatura especнfica en la materia.

Vistas las consideraciones expuestas y de acuerdo con el artнculo 21.1 i 2 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo. de Rйgimen Jurнdico de la Administraciуn de la Comunidad Autуnoma de las Illes Balears, y el artнculo 2, apartados 1 y 2 del Decreto 12/2011, de 18 de junio. del presidente, por el que se establecen las competencias y la estructura orgбnica bбsica de las consejerнas de la Administraciуn de la Comunidad Autуnoma de las Illes Baleares, dictamos la sucesivo

1 Para poder abonar las facturas es necesario seguir el procedimiento que establece el TRLCSP. la LRJAP-PAC y la legislatura presupuestaria aplicable.

2 La contrataciуn al ganancia del TRLCSP puede tener como consecuencia jurнdica la inepto absoluta de los contratos. Esta situaciуn se produce solo cuando los vicios del procedimiento no se pueden subsanar. En caso contrario, se ha de validar de acuerdo con el artнculo 67 de la LRJAP -PAC. (4)

3 La Administraciуn no puede determinar discrecionalmente cual ha de ser el procedimiento al que ha de someter esta cuestiуn, legado que hay una regulaciуn especнfica en la LCSP. que incluye determinar la nulo, fundir e indemnizar. El procedimiento que se ha de seguir en estos casos y sus mercancía se establece en los artнculos 34 y 35 del TRLCSP .

4 Con carбcter militar, delante esta regulaciуn, se considera imprescindible que la declaraciуn de nulo se produzca para poder examinar la deuda fuera de la vнa legal. En consecuencia, en casos de contrataciуn con vicios de inepto plena, es necesario iniciar la tramitaciуn de un procedimiento de revisiуn de oficio y obtener el parecer del Consejo Consultivo para fallar la nulo de la contrataciуn suscrita ilegalmente con una empresa determinada, cuyo valor no haya sido abonado.

La competencia para esta declaraciуn se ha de atribuir al уrgano de contrataciуn, siempre que sus actos agoten la vнa administrativa. El impresión de la inútil es que el entendimiento entra en escalón de liquidaciуn.

5 Las actuaciones que han de admitir a agarradera los centros gestores son, con carбcter genérico, las siguientes:

  • a) En primer zona, hay que aceptar a agarradera una investigaciуn sobre los hechos consumados y las conductas llevadas a punta, tanto por la Administraciуn que encargу la prestaciуn como por la empresa que acudiу al encargo, con el objetivo de determinar si las actuaciones se produjeron bajo el principio de buena fe y confianza legнtima, de modo que pueda cerciorarse que el desequilibrio econуmico que invoca el contratista no puede atribuirse a su propia iniciativa ni ponga de manifiesto su voluntad maliciosa.

Si de esta investigaciуn, que se ha de materializar en una memoria final, se deducen medios suficientes para inferir una actuaciуn clara y directa por parte del patrón que va mбs allб del deber de colaboraciуn con la Administraciуn, todo ello con la finalidad de esquivar y obviar el procedimiento de publicidad, igualdad y huido concurrencia que ha de presidir la contrataciуn administrativa, quien se aventura en una actuaciуn de este tipo no puede exigir a la Administraciуn la protecciуn de la instituciуn del beneficio injusto. (5)

  • b) Los servicios tйcnicos especializados han de confeccionar la liquidaciуn del anuencia o de la indemnizaciуn que se ha de aprobar. El coste econуmico ha de incluir en cualquier caso el beneficio de la Administraciуn, es proponer, el valía de la cosa que la Administraciуn haya recibido, y no es procedente un incremento en concepto de beneficio industrial. (6)

    Vйase Instrucciуn [BALEARES] 3/2016, 20 julio, del interventor universal de la Comunidad Autуnoma y del director de la Abogacнa de la Comunidad autуnoma por la que se suspende provisionalmente la aplicaciуn del apartado 5 b in fine de la Instrucciуn 2/2012 («B.O.I.B.» 21 julio).

  • c) Con carбcter universal se ha de producir la recepciуn formal de toda la prestaciуn ayer de rastrear extrajudicialmente el crйdito. En el caso de obras, con posterioridad a la ejecuciуn ha de aprobarse el esquema correspondiente con el suficiente gravedad que permita que las obras queden perfectamente definidas y, en consecuencia, delimitado el dominio pъblico.
  • d) La aspecto presupuestaria del expediente hace que deba tramitarse de conformidad con las normas especнficas que regulan los expedientes de desembolso, en los tйrminos que prevea la legislatura presupuestaria aplicable, antaño de que se apruebe. El expediente de desembolso derivado que trae causa en la liquidaciуn del pacto declarada la inútil absoluta requiere las autorizaciones y los informes pertinentes de acuerdo con la norma aplicable, y es necesario que el Consejo de Gobierno lo autorice si el pago es superior a 500.000€ o la cuantнa que disponga la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autуnoma de las Illes Balears, y someter el expediente al control de moralidad.
  • e) Finalmente, el уrgano de contrataciуn ha de dictar una Resoluciуn en la que se declare la inepto de los actos y en la que se fijarб el cuantía de la deuda que ha de reconocerse al contratista, con un crónica previo del Consejo Consultivo. Esta Resoluciуn ha de autorizar y disponer el consumición, y reconocerб una obligaciуn a crédito del contratista, que no tendrб carбcter de obligaciуn de ejercicios cerrados, a los artículos de lo dispuesto en el artнculo 24 del Decreto 75/2004 o la norma que lo sustituya.
  • f) Cuando la prestaciуn se estй ejecutando en el momento en que se haga licencia la contrataciуn irregular, tanto si la empresa ya ha reclamado algъn suscripción como si no, la Administraciуn tiene la obligaciуn de poner fin a esta actuaciуn anormal. Luego, se han de derretir las prestaciones ya realizadas que, en su caso, podrнan ser objeto de indemnizaciуn para evitar el ganancia injusto, con la tramitaciуn previa del procedimiento descrito anteriormente. El resto de actuaciones necesarias para las finalidades de la Administraciуn se han de contratar con plena sujeciуn al TRLCSP y a la norma que lo desarrolla. El hecho de permitir la continuaciуn de la situaciуn anormal podrнa desencadenar en graves responsabilidades tanto para el уrgano de contrataciуn como para la empresa ejecutora.
  • Parecer 140/2004 del Consejo Jurнdico de la Regiуn de Murcia: «No se recoge en la norma restringido un procedimiento especнfico para sustanciar el examen de una obligaciуn como la presente. No obstante, tanto por analogнa como por su condiciуn de derecho supletorio, puede aplicarse el previsto por el Efectivo Decreto 2.188/1995, de 28 de diciembre. que disciplina la actuaciуn a seguir cuando es necesario resolver incidentes originados por la omisiуn de la fiscalizaciуn previa en la tramitaciуn de expedientes que den oficio a gastos y pagos».

    Informe 270/2002, de 23 de octubre del Consejo Consultivo de Andalucнa: «Necesaria la previa declaraciуn de inútil del acto». Parecer 373/2003, de 9 de octubre: «Nulo de entendimiento de obra. Omisiуn del procedimiento. Expediente de modificaciуn contractual tramitado a posteriori se pretendнa dar cobertura a unas obras ya ejecutadas, no previstas en el plan inicialmente contratado, que fueron concertadas verbalmente y prescindiendo del procedimiento legalmente establecido. La consecuencia no puede ser otra que la inepto de pleno derecho de la modificaciуn operada, por lo que se dictamina favorablemente la declaraciуn de inepto postulada por la Administraciуn».

    El Opinión 3617/2000 del Consejo de Estado se pronuncia en sentido benévolo a la concesiуn de una indemnizaciуn tramitada en un procedimiento de responsabilidad patrimonial, porque considera que, transmitido que no ha habido expediente o procedimiento contractual previo, sino una simple contrataciуn verbal no amparada por el carбcter de emergencia, la Administraciуn estaba obligada, para evitar un beneficio injusto, a determinar los trabajos llevados a punta por el tercero, todo ello sin perjuicio de las eventuales responsabilidades de las autoridades o los funcionarios que llevaron a límite la contrataciуn verbal prohibida.

    En cambio, un posterior juicio del mismo Consejo de Estado, de 7 de septiembre de 2006, descarta, en un caso igual donde se reclamaba el cuantía de un servicio prestado sin resolución oficinista previo y habiйndose prescindido total y absolutamente del procedimiento previsto en el TRLCAP. que se pueda reconducir el cuota a un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administraciуn al amparo de los artнculos 139 y ss de la LRJPAC. «porque para ello es necesario que existe una lesiуn resarcible imputable a la Administraciуn, cuyo primer requisito es la antijuridicidad del daсo relacionado con la actuaciуn administrativa».

    Es importante memorar las palabras del Tribunal Supremo, que dispone que «en la esfera administrativa ha de ser aplicada con mucha flema y moderaciуn la teorнa jurнdica de las nulidades, dada la complejidad de los intereses en los que los actos administrativos entran en descanso».

    Sentencia del Tribunal Superior de Conciencia de las Illes Balears de 19 de enero de 2010: «Concluyendo, la Conselleria al no poseer evitado que tuvieran lado estas campaсas en el momento oportuno, incidiу en falta in vigilando, y por ello acepta el suscripción de los gastos que estas campaсas generaron a las hoy recurrentes, pero frente a los honorarios reclamados y que son objeto de debate en autos, no ha de contestar, ya que retribuyen un trabajo fruto de un acuerdo ladino que las recurrentes buscaron con clara intencionalidad para evitar los mecanismos legales fijados en la legislatura de contrataciуn administrativa.»

    Parecer 270/2002, de 23 de octubre, del Consejo Consultivo de Andalucнa: «Como este Consejo Consultivo decнa en el juicio 142/2002, el valencia de las prestaciones ha de ser calculado precisamente en el momento original en que se produjeron los pactos, pues hay que tener presente que, por el carбcter originario, estructural e insubsanable de la nulo, la propia naturaleza de la acciуn restitutoria determina que el momento de dicho cбlculo deba ser el del pacto. Contiguo a lo preparatorio, y como ha notorio este Consejo de forma reiterada (por todos dictбmenes 18/1998, 23/1996 y 48/1997), la restituciуn sуlo debe comprender el valía de la prestaciуn realizada, lo que incluye sus costes efectivos pero no los demбs resarcimientos propios de un pacto vбlidamente celebrado (como es el beneficio industrial que se entiende improcedente) poliedro que, al ser los contratos nulos, no producen los artículos econуmicos propios del pacto eficaz, por lo que la obligaciуn de devolver no deriva, en este caso, del arreglo.»

    Sala Tercera Contenciosa Administrativa, Secciуn 4Є, Sentencia de 11 de mayo de 2004, rec. 3055/1999. Ejecuciуn de obras no previstas en el plan original, en el seno de una relaciуn contractual: «Si aceptablemente es cierto que respecto a las obras ampliadas no hubo entendimiento formal escrito, resulta acreditado que dichas obras han sido ordenadas y aceptadas por la Administraciуn sin formular reserva alguna, por lo que debe reconocerse el derecho del contratista al pago del beneficio industrial y de los intereses que le correspondan.»

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