Constituci – n Pol – tica de los Estados Unidos Mexicanos I

CONSTITUCIÓN POLITÍCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS I/V
Texto vivo, última reparación No. 191, 29/07/2010

CAPÍTULO I. De las Garantías Individuales

En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo deleitarseá de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al departamento doméstico alcanzarán, por este solo hecho, su decisión y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o franquista, el género, la perduración, las discapacidades, la condición social, las condiciones de sanidad, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

La Nación Mexicana es única e indivisible.

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el paraje coetáneo del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una mecanismo social, económica y cultural, asentadas en un región y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la rescatado determinación se profesará en un situación constitucional de autonomía que asegure la dispositivo franquista. El registro de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y.leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingьísticos y de cimentación físico.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la excarcelado determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I. Animarse sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de modo relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.

III. Designar de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el entrenamiento de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un entorno que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los instrumentos que constituyan su civilización e identidad.

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución.

VI. Lograr, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los posibles naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, ileso aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos género las comunidades podrán asociarse en términos de ley.

VII. Nominar, en los municipios con población indígena, representantes delante los ayuntamientos.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas declararán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de robustecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.

VIII. Entrar plenamente a la jurisdicción del Estado. Para asegurar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su idioma y civilización.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de excarcelado determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el agradecimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para respaldar la vigencia de los derechos de los indígenas y el expansión integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Para tumbar las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

I. Impulsar el avance regional de las zonas indígenas con el propósito de acorazar las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades dirigirán directamente para fines específicos. II. Certificar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingьe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y.superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Detallar y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.

III. Sostener el camino efectivo a los servicios de vitalidad mediante la ampliación de la cobertura del sistema franquista, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en distinto para la población de niño.

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el entrada al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al expansión, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salubridad, el otorgamiento de estímulos para apoyar su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan pescar, especular y gobernar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.

VII. Apoyar las actividades productivas y el mejora sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para fijar el comunicación equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el departamento doméstico como en el extranjero, mediante acciones para asegurar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de lozanía de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Doméstico de Exposición y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

Para avalar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el adiestramiento y vigilancia de las mismas.

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a amparo de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.

Todo individuo tiene derecho a admitir educación. El Estado -federación, estados, Distrito Federal y municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el apego a la Nación y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la imparcialidad.

I. Garantizada por el artículo 24 la excarcelación de creencias, dicha educación será laica y, luego, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;

II. El criterio que orientará a esa educación se gravitará en los resultados del progreso científico, contenderá contra la ignorancia y sus existencias, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento econóadefesio, social y cultural del pueblo;

b) Será franquista, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al rendimiento de nuestros fortuna, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y crecimiento de nuestra civilización, y

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los instrumentos que aporte a fin de robustecer en el educando, cercano con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la clan, la convicción del interés caudillo de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos;

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutor Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y común para toda la República. Para tales pertenencias, el Ejecutante Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale.

IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación auténtico y a la educación superior- necesarios para el crecimiento de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra civilización.

VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el examen de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y regular, los particulares deberán:

a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III, y

b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que establezca la ley;

VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la potencial y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la civilización de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la confianza de cátedra e investigación y de disponible examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal acadéadefesio; y tener la llave de la despensaán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal acadéadefesio como del chupatintas, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo particular, de guisa que concuerden con la autonomía, la independencia de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere, y

VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de equiparar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan.

El varón y la mujer son iguales en presencia de la ley. Esta protegerá la organización y el incremento de la clan.

Toda persona tiene derecho a osar de guisa rescatado, responsable e informada sobre el núúnico y el espaciamiento de sus hijos..Toda persona tiene derecho a la protección de la vitalidad. La ley explicará las bases y modalidades para el llegada a los servicios de vitalidad y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de sanidad universal, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Toda persona tiene derecho a un medio animación adecuado para su crecimiento y bienestar.

Toda grupo tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus evacuación de alimentación, salubridad, educación y sano esparcimiento para su mejora integral.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el adiestramiento pleno de sus derechos.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

Toda persona tiene derecho al ataque a la civilización y al disfrute de los haberes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el adiestramiento de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y progreso de la civilización, atendiendo a la complejidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la autonomía creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acercamiento y participación a cualquier manifestación cultural.

A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El control de esta autonomía sólo podrá vedarse por determinación sumarial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución legal.

La ley determinará en cada Estado cuáles son las profesiones que necesitan título para su control, las condiciones que deban hartarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo.

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la lucha retribución y sin su pleno consentimiento, ileso el trabajo impuesto como pena por la autoridad legislativo, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123.

En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y de balde, pero serán retribuidas aquellas que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale.

El Estado no puede permitir que se lleve a impacto ningún anuencia, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la exención de la persona por cualquier causa.

Siquiera puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a practicar determinada profesión, industria o comercio.

El acuerdo de trabajo sólo presionará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá explayarse, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles.

La descuido de cumplimiento de dicho pacto, por lo que respecta al trabajador, sólo forzará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona.

La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición jurídico o administrativa, sino en el caso de que ataque a la pudoroso, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será asegurado por el Estado.

Para el deporte del derecho de golpe a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

III. Toda persona, sin aprieto de acreditar interés alguno o acreditar su utilización, tendrá paso sin cargo a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.

IV. Se establecerán mecanismos de golpe a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán frente a órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión.

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y informarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el entrenamiento de los bienes públicos.

VI. Las leyes determinarán la modo en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los fortuna públicos que entreguen a personas físicas o morales.

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de camino a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

Es inviolable la albedrío de escribir y anunciar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la independencia de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la pudoroso y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como utensilio del delito.

Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que so pretexto de las denuncias por delitos de prensa, sean encarcelados los expendedores, “papeleros”, operarios y demás empleados del establecimiento de donde haya saliente el escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquéllos.

Los funcionarios y empleados públicos respetarán el prueba del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de forma pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar.

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.

Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Gendarme Doméstico. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.

Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, correr por su región y mudar de residencia, sin falta de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El gimnasia de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad sumarial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y sanidad común de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

En los Estados Unidos Mexicanos no se concederán títulos de condescendencia, ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará sensación alguno a los otorgados por cualquier otro país.

Nadie puede ser curia por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni recrearse más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley.

Subsiste el fuero de guerrilla para los delitos y faltas contra la disciplina marcial; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército.

Cuando en un delito o equivocación del orden marcial estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.

A ninguna ley se dará impresión retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la dispensa o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante madurez seguido en presencia de los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con antelación al hecho.

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por viejoía de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se comercio.

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la signo o a la interpretación jurídica de la ley, y a desatiendo de ésta se fundará en los principios generales del derecho.

No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren las garantías y derechos establecidos por esta Constitución para el hombre y el ciudadano.

Nadie puede ser molestado en su persona, comunidad, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de ordenanza escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa judicial del procedimiento.

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al ataque, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad franquista, disposiciones de orden público, seguridad y vigor públicas o para proteger los derechos de terceros.

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad sumarial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de familiaridad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

La autoridad que ejecute una orden jurídico de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del enjuiciador, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo inicial será sancionada por la ley penal.

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin atraso a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Servicio Público. Existirá un registro inmediato de la detención.

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito serio así calificado por la ley y en presencia de el peligro fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la probidad, siempre y cuando no se pueda ocurrir frente a la autoridad jurídico por razón de la hora, puesto o circunstancia, el Tarea Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.

En casos de emergencia o flagrancia, el togado que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la sinceridad con las reservas de ley.

La autoridad jurídico, a petición del Tarea Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el raigambre de una persona, con las modalidades de lado y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o acervo jurídicos, o cuando exista aventura fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la conciencia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Profesión Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del tradición no podrá exceder los ochenta días.

Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia.

Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ocupación Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su sinceridad o ponérsele a disposición de la autoridad legal; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo demasía a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad contencioso podrá expedir, a solicitud del Profesión Público, se expresará el división que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe someterse la diligencia, levantándose al concluirla, un certificado circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el habilitante del circunscripción cateado o en su desaparición o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la privilegio y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El togado valorará el valor de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se concederán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.

Exclusivamente la autoridad procesal federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Profesión Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad contencioso federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, sindical o oficial, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control contencioso, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fidedigno de todas las comunicaciones entre jueces y Servicio Público y demás autoridades competentes.

Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valía probatorio.

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.

La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará fugado de todo registro, y su violación será penada por la ley.

En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de pelea los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente
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Ninguna persona podrá hacerse conciencia por sí misma, ni ejercitar violencia para exigir su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre jurisprudencia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de forma pronta, completa e imparcial. Su servicio será de balde, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma monopolio sobre estos procedimientos y mecanismos.

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, apoyarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión procesal.

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes.

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

La Federación, los Estados y el Distrito Federal respaldarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y apoyarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Servicio Público.

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.

Sólo por delito que merezca pena privativa de dispensa habrá motivo a prisión preventiva. El sitio de ésta será desigual del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.

El sistema penitenciario se organizará sobre la pulvínulo del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la vitalidad y el deporte como medios para ganar la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal objetivo.

La Federación, los Estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa.

La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de honradez que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de años, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en ampliación les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y colaboración social.

La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de honestidad para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente.

Las formas alternativas de rectitud deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la garantía del conveniente proceso permitido, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin la reintegración social y casero del adolescente, así como el pleno progreso de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará solo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de época, por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves.

Los sentenciados de patria mexicana que se encuentren compurgando penas en países extranjeros, podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con saco en los sistemas de reinserción social previstos en este artículo, y los sentenciados de procedencia extranjera por delitos del orden federal o del fuero común, podrán ser trasladados al país de su origen o residencia, sujetándose a los Tratados Internacionales que se hayan celebrado para ese intención. El traslado de los reclusos sólo podrá consumarse con su consentimiento a propósito.

Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad.

Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, indemne el ataque a su defensor, e imponer medidas de vigilancia distinto a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo mencionado podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley.

Ninguna detención en presencia de autoridad contencioso podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un coche de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al dibujado; el división, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

El Tarea Público sólo podrá solicitar al sentenciador la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para certificar la comparecencia del imputado en el cordura, el ampliación de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El enjuiciador ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el escapado progreso de la personalidad y de la salubridad.

La ley determinará los casos en los cuales el árbitro podrá revocar la excarcelación de los individuos vinculados a proceso.

El plazo para dictar el automóvil de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que en el interior del plazo antiguamente señligero no reciba copia autorizada del utilitario de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá nombrar la atención del árbitro sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada adentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en excarcelación.

Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el coche de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito dispar del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente.

Si con posterioridad a la emisión del coche de vinculación a proceso por delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la razón o es puesto a disposición de otro togado que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso contiguo con los plazos para la prescripción de la acción penal.

Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo justo, toda gravamen o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.

El proceso penal será acusatorio y vocal. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

A. De los principios generales:

I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;

II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del sentenciador, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de guisa vacancia y lógica;

III. Para los enseres de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de causa. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para aposentar en causa la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo;

IV. El razón se celebrará en presencia de un enjuiciador que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los principios probatorios se desarrollará de modo pública, contradictoria y verbal;

V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente;

VI. Ningún crítico podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, fuera de las excepciones que establece esta Constitución;

VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce delante la autoridad contencioso, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el enjuiciador citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad;

VIII. El magistrado sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado;

IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y

X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al madurez.

B. De los derechos de toda persona imputada:

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el mediador de la causa;

II. A resolver o a almacenar silencio. Desde el momento de su detención se le harán asimilar los motivos de la misma y su derecho a tener silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la cooperación del defensor carecerá de todo valencia probatorio;

III. A que se le referencia, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia delante el Ocupación Público o el magistrado, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad contencioso podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador.

La ley establecerá beneficios a servicio del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada;

IV. Se le cobrarán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al finalidad y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo declaración solicite, en los términos que señale la ley;

V. Será judicatura en audiencia pública por un togado o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad doméstico, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en peligro la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo.

En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la etapa de investigación podrán tener valía probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en motivo o exista peligro para testigos o víctimas. Lo aludido sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra;

VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso.

El imputado y su defensor tendrán golpe a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antiguamente de su primera comparecencia delante sentenciador podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, aparte los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para asegurar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa;

VII. Será supremo ayer de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y ayer de un año si la pena excediere de ese tiempo, omitido que solicite maduro plazo para su defensa;

VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual designará independientemente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de activo sido requerido para hacerlo, el enjuiciador le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y

IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por desliz de plazo de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de pasta, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo.

La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, aparte que su prolongación se deba al examen del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en desenvolvimiento de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.

En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención.

C. De los derechos de la víctima o del ofendido:

I. Admitir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su valimiento establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del crecimiento del procedimiento penal;

II. Coadyuvar con el Empleo Público; a que se le reciban todos los datos o instrumentos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el seso e interponer los posibles en los términos que prevea la ley.

Cuando el Empleo Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;

III. Admitir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de emergencia;

IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Empleo Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el crítico no podrá condonar al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.

La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;

V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de vida; cuando se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a causa del crítico sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.

El Tarea Público deberá asegurar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en caudillo todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán atender el buen cumplimiento de esta obligación;

VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y

VII. Impugnar delante autoridad procesal las omisiones del Ocupación Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no adiestramiento, renuncia de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.

La investigación de los delitos corresponde al Empleo Público y a las policías, las cuales procederán bajo la conducción y mando de aquél en el control de esta función.

El deporte de la acción penal delante los tribunales corresponde al Empleo Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán profesar la acción penal frente a la autoridad legislativo.

La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad sumarial.

Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente fundamentarseán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a valimiento de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.

Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese peón, operario o trabajador, no podrá ser sancionado con multa maduro del valía de su sueldo o salario de un día.

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso.

El Empleo Público podrá considerar criterios de oportunidad para el examen de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley.

El Ejecutante Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, confesar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de justicia, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Tarea Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Franquista de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, inspección y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y progreso de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema.

c) La formulación de políticas públicas tendientes a preparar la comisión de delitos.

d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública.

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel franquista serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.

Quedan prohibidas las penas de crimen, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de caudal y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al admisiblemente jurídico afectado.

No se considerará confiscación la aplicación de capital de una persona cuando sea decretada para el plazo de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad procesal para el plazo de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Siquiera se considerará confiscación el requisa que ordene la autoridad legislativo de los capital en caso de ganancia ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a privanza del Estado de riqueza asegurados que causen desatención en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos haberes cuyo dominio se declare difunto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas:

I. Será interno y autógnomo del de materia penal;

II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la lozanía, secuestro, robo de vehículos y comercio de personas, respecto de los capital siguientes:

a) Aquellos que sean utensilio, objeto o producto del delito, aún cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan fundamentos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.

b) Aquellos que no sean aparato, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar posesiones producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso inicial.

c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo poco para impedirlo.

d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes nociones para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el pronunciado por estos delitos se comporte como dueño.

III. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los capital respectivos para demostrar la procedencia lícita de los posesiones y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus capital.

Ningún litigio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser chancillería dos veces por el mismo delito, ya sea que en el motivo se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de perdonar de la instancia.

Todo hombre es excarcelado para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o errata penados por la ley. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohiban religión alguna.

Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria.

Corresponde al Estado la rectoría del exposición franquista para respaldar que éste sea integral, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento econóadefesio y el empleo y una más reto distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno gimnasia de la confianza y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica doméstico, y transigirá al límite la regulación y fomento de las actividades que demande el interés genérico en el situación de libertades que otorga esta Constitución.

Al crecimiento econóadefesio doméstico concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al mejora de la nación.

El sector público tendrá a su cargo, de forma monopolio, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan.

Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del incremento.

Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio genérico, de los fortuna productivos, cuidando su conservación y el medio animación.

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en genérico, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de fortuna y servicios socialmente necesarios.

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al ampliación econóadefesio franquista, en los términos que establece esta Constitución.

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del exposición doméstico que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.

Los fines del tesina franquista contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales dar asiloá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de mejora. Habrá un plan doméstico de exposición al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

La ley licenciará al Ejecutante para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema doméstico de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de exposición. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutante Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.

En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.

B. El Estado contará con un Sistema Doméstico de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley.

La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia.

El organismo tendrá una Concilio de Gobierno integrada por cinco miembros, uno de los cuales fungirá como Presidente de ésta y del propio organismo; serán designados por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Franquista de Información Estadística y Geográfica, de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia; los requisitos que deberán cumplir los miembros de la Sociedad de Gobierno, la duración y escalonamiento de su encargo.

Los miembros de la Asamblea de Gobierno sólo podrán ser removidos por causa severo y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas, culturales o de limosna; y estarán sujetos a lo dispuesto por el Título Cuarto de esta Constitución.

La propiedad de las tierras y aguas comprendidas interiormente de los límites del región franquista, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.

La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el usufructo de los instrumentos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, conquistar el mejora ecuánime del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a sorpresa de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el compensación ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el crecimiento de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los fundamentos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.

Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los bienes naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de brote y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el comarca doméstico, en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional.

Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad franquista; las de las corrientes constantes o interminentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al circunscripción franquista o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; las de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzados por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino; o cuando el límite de las riberas sirva de lindante entre dos entidades federativas o a la República con un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad franquista, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fije la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser independientemente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del dominio, pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos; el Ejecutor Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad franquista. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración preliminar, se considerarán como parte elemento de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el rendimiento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y convenirá sujeto a las disposiciones que dicten los Estados.

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el utilización de los fortuna de que se comercio, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutor Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y sustancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban cumplirse a partir de su vigencia, independientemente de la época de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará punto a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la permiso de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutante en los casos y condiciones que las leyes prevean.

Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación soportará a extremo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a la Nación originar, conducir, transfigurar, distribuir y aprovisionar energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación exprimirá los haberes y bienes naturales que se requieran para dichos fines.

Corresponde también a la Nación el rendimiento de los combustibles nucleares para la generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones en otros propósitos. El uso de la energía nuclear sólo podrá tener fines pacíficos.

La Nación ejerce en una zona económica monopolio situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso. La zona económica monopolio se extenderá a doscientas millas náuticas, medidas a partir de la línea de cojín desde la cual se mide el mar territorial. En aquellos casos en que esa extensión produzca superposición con las zonas económicas exclusivas de otros Estados, la delimitación de las respectivas zonas se hará en la medida en que resulte necesario, mediante acuerdo con estos Estados.

Lacacidad para agenciarse el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se regirá por las siguientes prescripciones:

I. Sólo los mexicanos por salida o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para coger el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan frente a la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos ingresos y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de humillar al convenio, de perder en beneficio de la Nación, los intereses que hubieren adquirido en virtud de lo mismo. En una banda de cien kilómetros a lo abundante de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros apoderarse el dominio directo sobre tierras y aguas.

El Estado, de acuerdo con los intereses públicos internos y los principios de reciprocidad, podrá, a sensatez de la Secretaría de Relaciones, conceder autorización a los Estados extranjeros para que adquieran, en el oficio permanente de la residencia de los Poderes Federales, la propiedad privada de posesiones inmuebles necesarios para el servicio directo de sus embajadas o legaciones.

II. Las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos del artículo 130 y su ley reglamentaria tendráncacidad para coger, poseer o dirigir, exclusivamente, los fortuna que sean indispensables para su objeto, con los requisitos y limitaciones que establezca la ley reglamentaria; III. Las instituciones de limosna, pública o privada, que tengan por objeto el auxilio de los necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de los asociados, o cualquier otro objeto lícito, no podrán lograr más posesiones raíces que los indispensables para su objeto, inmediata o directamente destinados a él, con sujeción a lo que determine la ley reglamentaria; IV. Las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de terrenos rústicos pero únicamente en la extensión que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto.

En ningún caso las sociedades de esta clase podrán tener en propiedad tierras dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas o forestales en longevo extensión que la respectiva equivalente a veinticinco veces los límites señalados en la fracción XV de este artículo. La ley reglamentaria regulará la estructura decital y el núúnico mínimo de socios de estas sociedades, a impacto de que las tierras propiedad de la sociedad no excedan en relación con cada socio los límites de la pequeña propiedad. En este caso, toda propiedad accionaria individual, correspondiente a terrenos rústicos, será acumulable para mercancía de cómputo. Asimismo, la ley señalará las condiciones para la participación extranjera en dichas sociedades.

La propia ley establecerá los medios de registro y control necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto por esta fracción;

V. Los bancos debidamente autorizados, conforme a las leyes de instituciones de crédito, podrán tenercitales impuestos, sobre propiedades urbanas y rústicas de acuerdo con las prescripciones de dichas leyes, pero no podrán tener en propiedad o en administración más beneficios raíces que los enteramente necesarios para su objeto directo; VI. Los estados y el Distrito Federal, lo mismo que los municipios de toda la República, tendrán plenacacidad para conseguir y poseer todos los riqueza raíces necesarios para los servicios públicos.

Las leyes de la Federación y de los Estados en sus respectivas jurisdicciones, determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada, y de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente. El precio que se fijará como indemnización a la cosa expropiada, se apoyará en la cantidad que como valencia fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valía haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito por sobrevenir pagado sus contribuciones con esta cojín. El exceso de valencia o el demérito que haya tenido la propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la plazo de la asignación del valía fiscal, será lo único que deberá estar sujeto a causa pericial y a resolución procesal. Esto mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo valencia no esté fijado en las oficinas rentísticas.

El prueba de las acciones que corresponden a la Nación, por virtud de las disposiciones del presente artículo, se hará efectivo por el procedimiento sumarial; pero internamente de este procedimiento y por orden de los tribunales correspondientes, que se dictará en el plazo máximo de un mes, las autoridades administrativas procederán desde luego a la ocupación, administración, remate o cesión de las tierras o aguas de que se trate y todas sus accesiones, sin que en ningún caso pueda revocarse lo hecho por las mismas autoridades antaño que se dicte sentencia ejecutoriada;

VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el cimentación humano como para actividades productivas.

La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas.

La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el plaza humano y regulará el utilización de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores.

La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el explotación de sus medios productivos, regulará el prueba de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población; igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley.

Adentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más tierra que la equivalente al 5% del total de las tierras ejidales. En todo caso, la titularidad de tierras en valimiento de un solo ejidatario deberá ajustarse a los límites señalados en la fracción XV.

La asamblea genérico es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de ingresos comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea.

La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará en los términos de la ley reglamentaria;

VIII. Se declaran nulas: a) Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, hechas por los jefes políticos, gobernadores de los Estados, o cualquiera otra autoridad lugar en contravención a lo dispuesto en la ley de 25 de junio de 1856 y demás leyes y disposiciones relativas;

b) Todas las concesiones, composiciones o ventas de tierras, aguas y montes, hechas por las Secretarías de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad federal, desde el día primero de diciembre de 1876, hasta la plazo, con las cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de común repartimiento o cualquiera otra clase, pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades y núcleos de población.

c) Todas las diligencias de apeo o deslinde, transacciones, enajenaciones o remates practicados durante el periodo de tiempo a que se refiere la fracción antedicho, por compañías, jueces u otras autoridades de los Estados o de la Federación, con los cuales se hayan invadido u ocupado ilegalmente tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de común repartimento, o de cualquier otra clase, pertenecientes a núcleos de población.

Quedan exceptuadas de la inútil antecedente, únicamente las tierras que hubieren sido tituladas en los repartimientos hechos con apego a la ley de 25 de junio de 1856 y poseídas en nombre propio a título de dominio por más de diez años cuando su superficie no exceda de cincuenta hectáreas.

IX. La división o reparto que se hubiere hecho con apariencia de legítima entre los vecinos de algún núcleo de población y en la que haya habido error o vicio, podrá ser nulificada cuando así lo soliciten las tres cuartas partes de los vecinos que estén en posesión de una cuarta parte de los terrenos, materia de la división, o una cuarta parte de los mismos vecinos cuando estén en posesión de las tres cuartas partes de los terrenos;

X. (Se deroga) XI. (Se deroga) XII. (Se deroga) XIII. (Se deroga) XIV. (Se deroga) XV. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los latifundios.

Se considera pequeña propiedad agrítrasero la que no exceda por individuo de cien hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierras.

Para los mercadería de la equivalencia se computará una hectárea de riego por dos de temporal, por cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho de bosque, monte o agostadero en terrenos áridos.

Se considerará, asimismo, como pequeña propiedad, la superficie que no exceda por individuo de ciento cincuenta hectáreas cuando las tierras se dediquen al cultivo de algodón, si reciben riego; y de trescientas, cuando se destinen al cultivo del plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, palma, vid, olivo, quinina, vainica, jaleo, agave, nopal o árboles frutales.

Se considerará pequeña propiedad ganadera la que no exceda por individuo la superficie necesaria para ayudar hasta quinientas cabezas de ganadería veterano o su equivalente en vacada pequeño, en los términos que fije la ley, de acuerdo con lacacidad forrajera de los terrenos.

Cuando correcto a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras ejecutadas por los dueños o poseedores de una pequeña propiedad se hubiese mejorado la calidad de sus tierras, seguirá siendo considerada como pequeña propiedad, aun cuando, en virtud de la mejoría obtenida, se rebasen los máximos señalados por esta fracción, siempre que se reúnan los requisitos que fije la ley.

Cuando en el interior de una pequeña propiedad ganadera se realicen mejoras en sus tierras y éstas se destinen a usos agrícolas, la superficie utilizada para este fin no podrá exceder, según el caso, los límites a que se refieren los párrafos segundo y tercero de esta fracción que correspondan a la calidad que hubieren tenido dichas tierras antaño de la prosperidad;

XVI. (Se deroga) XVII. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, en sus respectivas jurisdicciones, expedirán leyes que establezcan los procedimientos para el fraccionamiento y enajenación de las extensiones que llegaren a exceder los límites señalados en las fracciones IV y XV de este artículo.

El remanente deberá ser fraccionado y enajenado por el propietario en el interior del plazo de un año contado a partir de la notificación correspondiente. Si transcurrido el plazo el sobrante no se ha enajenado, la liquidación deberá hacerse mediante pública compraventa. En igualdad de condiciones, se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley reglamentaria.

Las leyes locales organizarán el patrimonio de grupo, determinando los beneficios que deben constituirlo, sobre la almohadilla de que será inalienable y no estará sujeto a requisa ni a contribución nadie;

XVIII. Se declaran revisables todos los contratos y concesiones hechos por los Gobiernos anteriores desde el año 1876, que hayan traído por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la Nación, por una sola persona o sociedad y se faculta al Ejecutante de la Unión para declararlos nulos cuando impliquen perjuicios graves para el interés público.

XIX. Con cojín en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la conciencia agraria, con objeto de certificar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría justo de los campesinos.

Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos pertenencias y, en militar, para la administración de imparcialidad agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutante Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente.

La ley establecerá un órgano para la procuración de honestidad agraria, y XX. El Estado promoverá las condiciones para el explicación rural integral, con el propósito de gestar empleo y respaldar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el incremento doméstico, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicio decacitación y presencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.

En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.

En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con validez, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el incremento de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier modo hagan, para evitar la librado concurrencia o la competencia entre sí y empujar a los consumidores a fertilizar precios exagerados y, en caudillo, todo lo que constituya una superioridad monopolio indebida a crédito de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en universal o de alguna clase social.

Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía franquista o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el incremento de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses.

No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de guisa monopolio en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el mejora franquista en los términos del de artículo 25 de esta Constitución; el Estado al desempeñar en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.

El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado.

El Estado tendrá un costado central que será autógnomo en el entrenamiento de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda franquista, fortaleciendo con ello la rectoría del avance franquista que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al mesa conceder financiamiento.

No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de forma monopolio, a través del tira central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El asiento central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para soportar a promontorio dicha regulación y proveer a su observancia. La conducción del sotabanco estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso; desempeñarán su encargo por períodos cuya duración y escalonamiento provean al control autógnomo de sus funciones; sólo podrán ser removidas por causa importante y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en la representación del tira y de los no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o de beneficiencia. Las personas encargadas de la conducción del faja central, podrán ser sujetos de madurez político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución. No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del interés caudillo, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o que no sean artículos de primera privación, siempre que dichas asociaciones estén bajo vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de los Estados, y previa autorización que al impacto se obtenga de las legislatauras respectivas en cada caso. Las mismas legislaturas, por sí o a propuesta del Ejecutante, podrán derogar, cuando así lo exijan las deyección públicas, las autorizaciones concedidas para la formación de las asociaciones de que se prostitución.

Siquiera constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejoría.

El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés universal, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y utilización de haberes de dominio de la Federación, exceptuado las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la validez de la prestación de los servicios y la utilización social de los posesiones, y evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés público.

La sujeción a regímenes de servicio público se apegará a lo dispuesto por la Constitución y sólo podrá ponerse a promontorio mediante ley.

Se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean generales, de carácter temporal y no afecten sustancialmente las finanzas de la Nación. El Estado custodiará su aplicación y evaluará los resultados de ésta.

En los casos de invasión, perturbación circunspecto de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en pesado peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los Titulares de las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Procuraduría Genérico de la República y con aprobación del Congreso de la Unión, y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en motivo determinado las garantías que fuesen obstáculos para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo circunscrito, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese área recibidorándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutante haga frente a la situación, pero si se verificase en tiempo de cesación, se convocará sin retraso al Congreso para que las acuerde.

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